COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	
AREA	TERCERA VISITADURIA	
EXPEDIENTE	3VQU-0243/16		
OFICIO	3VPC-0002/18	
ASUNTO	PROPUESTA DE CONCILIACIÓN	
San Luis Potosi , S.L.P. A 23 DE Abril  DE 2018	

2017,``Un Siglo de las Constituciones``

				TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PROPUESTA DE CONCILIACIÓN No. 2/2018

San Luis Potosí, S.L.P., 23 de abril de 2018.

COMISARIO JAIME ERNESTO PINEDA ARTEAGA
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Distinguido Comisario:

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 1º. párrafos primero, segundo y tercero y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y en los artículos 3, 4, 7 fracción I, 26 fracción VII, 33 fracciones IV y XI, 137 y 140 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ha examinado el expediente de queja 3VQU-0243/16, sobre el caso de violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de V1, persona privada de la libertad, atribuidas a personal del Centro Estatal de Reinserción Social de Ciudad Valles.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 fracción I, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y 3, fracciones XVIII, XXXV y XXXVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, y con el propósito de proteger los nombres y datos de las personas involucradas en la presente Propuesta de Conciliación, se omitirá su publicidad. Esta información solamente se hará de su conocimiento a través de un listado anexo que describe el significado de las claves utilizadas, con el compromiso de que dicten las medidas de protección correspondientes, y visto los siguientes:

I.  HECHOS

El 30 de noviembre de 2016, V1, presentó queja en contra de personal de seguridad y custodia del Centro Estatal de Reinserción Social de Ciudad Valles, por el derecho a la integridad y seguridad personal, de las personas privadas de la libertad.

V1, señaló que el 27 de noviembre de 2016, a las 11:20 horas, se encontraba en el área del comedor del dormitorio 4, en compañía de otras personas privadas de la libertad, cuando personal de seguridad y custodia, indicó que bajaran el volumen de la televisión, que al no atender la indicación la apagaron, posteriormente la encendieron nuevamente sin bajar el volumen por lo que optaron por apagarla de manera definitiva.

Derivado de lo anterior, V1 y sus compañeros, optaron por reunirse a jugar un juego de mesa, por lo que los presentes se agruparon a observar, pero una persona infirió palabras altisonantes al personal de seguridad y custodia, lo que motivo que trasladaran a la víctima al área de nuevo ingreso, indicándole que incitaba a la población para que causara daño.

La víctima refirió que se le reubicó en el dormitorio 2, sector C, estancia 5, misma que está habilitada como área de reflexión, donde lo vendaron y golpearon.

Para la investigación de la queja, este Organismo Estatal radicó el expediente 3VQU-0243/2016, dentro del cual se recopilaron datos y documentos relacionados con los hechos, se solicitó información a la autoridad señalada como responsable, se recopiló copia autentificada de la Carpeta de Investigación 1 y se solicitó mecánica de lesiones, cuya valoración es objeto de análisis, en el capítulo de observaciones de la presente Propuesta de Conciliación.

II. EVIDENCIAS

1. Oficio SSP/DGPRS/UP-85/2017, de 3 de enero de 2017, signado por el Director de Prevención y Reinserción Social, al que anexó la siguiente documentación:

1.1 Acta de Comité Técnico 114/2016 de 29 de noviembre de 2016, donde de acuerdo con el parte informativo mismo que fue agregado a esta acta mediante oficio 1139/2016, de 27 de noviembre de 2016, signado por personal de seguridad y custodia del Centro Penitenciario de Ciudad Valles, informaron que aproximadamente a las 11:20 horas, en recorrido de vigilancia se percataron que la televisión que se encuentra en el área del comedor del dormitorio 4, tenía el volumen demasiado alto, indicando en varias ocasiones a los internos que bajaran el volumen, V1, en compañía de otro interno comenzaron a insultar al personal de seguridad y custodia, se trasladó a V1, al área de nuevo ingreso ya que incitaba a la población para que causaran daño, se le reubicó en el dormitorio 2, sector C, estancia 5 (habilitado como reflexión), en espera de que se resuelva su situación jurídica. Que en todo momento amenazaron al personal de seguridad y custodia, refiriendo su pertenencia a un grupo delictivo.

1.2 Dentro de la misma acta, V1 señaló que lo castigaron en el área de nuevo ingreso, lo vendaron y golpearon, lo sacaron de esa área y le dieron otra golpiza en la exclusa, lo castigaron sin ninguna justificación y señaló que “ahora si se va a defender porque no es un animal, tiene familia y está cansado de que siempre lo castiguen, cuando el no tuvo la culpa” sic. 

1.3 El Comité Técnico determinó que V1, faltó a la buena conducta que se debe mantener en el Centro Penitenciario, al realizar actos que constituyen faltas administrativas de acuerdo a lo señalado en las fracciones IV y V, del artículo 158, del Reglamento Interno de los Centros Estatales de Reclusión del Estado, que establece que constituyen faltas administrativas de los internos de los centros y serán sancionados en consecuencia por la Dirección de cada Centro Estatal de Reinserción, sin perjuicio de consignar ante la autoridad correspondiente cuando los hechos sean constitutivos de delito, es decir, por faltar al respeto a las autoridades ejecutoras de la pena y demás personal que labore en el centro mediante injurias u otras expresiones, sea de obra o de palabra, así como interferir  o desobedecer las disposiciones en materia de seguridad y custodia. 

1.4 Por lo anterior el Comité Técnico, aplicó una amonestación verbal como medida disciplinaria a V1, culminándolo en lo sucesivo a observar una conducta adecuada apegándose en todo momento a las normas que rigen el Centro Penitenciario.

2. Certificado médico de integridad física, de 27 de noviembre de 2016, en el que personal médico del Centro Penitenciario, asentó que V1, no presentó lesiones.

3. Comparecencia de 10 de mayo de 2017, en la que V1, manifestó que, en el mes de noviembre de 2016, T1, T2 y T3, lo visitaron y se percataron de las lesiones que presentaba derivado de los golpes que le propinó personal de seguridad y custodia.

4. Entrevista de 18 de mayo de 2017, en la que T2, señaló que el martes 29 de noviembre de 2016, en compañía de T1, visitaron a V1, en el área de locutorios del Centro Penitenciario de Ciudad Valles y se percató que presentaba lesiones, moretones en los pómulos y un golpe en la cara cerca de un ojo.

5. Entrevista de 18 de mayo de 2018, en la que T3, señaló que el domingo 4 de diciembre de 2016, visitó a V1 y observó que tenía el pómulo inflamado, el ojo de color morado y por dentro de la boca también tenía color morado, que le dolían las articulaciones por los golpes que le propinó personal de seguridad y custodia del Centro Penitenciario de Ciudad Valles. Que posterior a ello presentó denuncia ante el Agente del Ministerio Público, donde se radicó la Carpeta de Investigación 1, 

6. Entrevista de 18 de mayo de 2017, en la que T1, refirió que el 29 de noviembre de 2016, acudió en compañía de T2, a visitar a V1, quien le dio un papel con los nombres de los custodios que lo lesionaron, se percató que batallaba para caminar, el labio se encontraba lastimado y la mejilla izquierda la tenía inflamada y de color morado.

7. Oficio 853/2017, de 29 de junio de 2017, signado por el Subprocurador Regional para la Huasteca Norte, al que anexó la siguiente documentación:

7.1 Oficio 645/2017, de 27 de junio de 2017, suscrito por la Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador adscrita a la Mesa Especializada en Homicidios y Feminicidios, al que anexó copia autentificada de la Carpeta de Investigación 1, de la que se destaca lo siguiente:

7.1.1 Acta de denuncia de 8 de diciembre de 2016, presentada por T3, en la que denunció la presunta comisión de actos de abuso de autoridad y lesiones, en agravio de V1, que atribuyó a personal del Centro Penitenciario de Ciudad Valles.

7.1.2 Certificado de lesiones de 9 de diciembre de 2016, signado por perito médico forense, de la Dirección de Servicios Periciales, Criminalística y Medicina Forense, de la Procuraduría General de Justicia del Estado Zona Huasteca Norte, en el que determinó que V1, presentó cicatriz antigua en región cigomática derecha, refirió contusión en región glútea derecha y cara lateral y posterior de muslo derecho sin cambio de coloración de piel y concluyó que V1, presentó lesiones que por su naturaleza ordinaria no ponen en riesgo la vida y tardan en sanar menos de quince días.

8. Dictamen de mecánica de lesiones, de 25 de octubre de 2017, suscrito por perito médico legal, del Poder Judicial del Estado, quien concluyó que existe relación causa-efecto entre las lesiones que dijo haber sufrido V1, en lo referente a su mecanismo de producción y atribuido a elementos de seguridad y custodia del Centro Penitenciario de Ciudad Valles, pudiendo considerarse estar relacionadas con un uso excesivo e inadecuado de la fuerza durante la aplicación de medidas disciplinarias.

9. Oficio DGPRS/UJ-FC/1816/2018, de 27 de febrero de 2018, signado por el Director General de Prevención y Reinserción Social, al que anexó la siguiente documentación:

9.1 Certificado de integridad física, de 27 de noviembre de 2016, signado por médico del Centro Penitenciario de Ciudad Valles, en el que V1, se encontraba clínicamente íntegro y sin lesiones recientes.

10. Acta de entrevista de 19 de enero de 2017, en la que V1, describió a un Agente de la Policía Ministerial del Estado, los hechos de 27 de noviembre de 2016, por presuntas lesiones en su contra por parte de personal de seguridad y custodia del Centro Penitenciario de Ciudad Valles.

III. CONSIDERACIONES

Antes de entrar al estudio de las violaciones a derechos humanos que dieron origen a la presente Propuesta de Conciliación, es pertinente señalar que esta Comisión Estatal no se opone a las acciones que realizan las autoridades penitenciarias relativas a la ejecución de las penas y a la prisión preventiva, ya que dicha sujeción a prisión forma parte de la reparación en favor de la sociedad y de la víctima del delito y, es la consecuencia del actuar delictivo de quien la compurga así como al establecimiento del orden y la disciplina, sino a que dichas acciones no se apeguen al marco normativo nacional e internacional de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, y si bien es cierto que la reinserción social es una labor fundamental del Estado Mexicano, también lo es que toda actuación de las autoridades que tienen asignada esa tarea deben velar por los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

Al respecto, resulta pertinente señalar que, dentro de nuestro sistema penitenciario, la efectividad del régimen no depende del número de internos que sea posible mantener privados de la libertad, sino al contrario, del total de ellos que logre reinsertarse efectivamente a la sociedad una vez que ha cumplido su condena.

Resulta pertinente enfatizar que a este Organismo Público Autónomo tampoco le compete la investigación de los delitos, sino indagar sobre las posibles violaciones a derechos humanos, analizar el desempeño de los servidores públicos en relación a las quejas sobre vulneración a los mismos, se repare el daño causado, se generen condiciones para la no repetición de hechos violatorios, velar para que las víctimas o sus familiares tengan un efectivo acceso a la justicia, y en su caso, se sancione a los responsables de las violaciones cometidas.

De igual manera, es importante señalar que la actuación de toda autoridad debe tener como objetivo principal el respeto, protección y garantía de los derechos humanos, por lo que esta Comisión Estatal hace hincapié en la necesidad de que los servidores públicos cumplan con el deber que les exige el cargo público, que lo realicen con la debida diligencia en el marco de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

En este contexto, atendiendo al interés superior de las víctimas del delito, y del abuso de poder reconocido en el derecho internacional de los Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero; 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y demás relativos de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, se emite la presente Propuesta de Conciliación, favoreciendo en todo tiempo a las víctimas la protección más amplia que en derecho proceda.

En tal sentido, del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que se integraron al expediente de queja 3VQU-0243/16, se encontraron elementos suficientes que permitieron acreditar violaciones a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, así como a la protección a la salud, en agravio de V1, por actos atribuidos al personal del Centro Penitenciario de Ciudad Valles, en atención a las siguientes consideraciones:

DERECHO A LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL

Dentro de las investigaciones se evidenció que aproximadamente a las 11:20 horas del 27 de noviembre de 2016, V1 se encontraba en el área del comedor del dormitorio 4, cuando personal de seguridad y custodia, solicitó a las personas privadas de la libertad bajaran el volumen de la televisión, por ello comenzaron a insultarlos y trasladaron a V1 al área de nuevo ingreso esposado y con los ojos vendados, donde comenzaron a golpearlo, le dieron doce cachetadas, le apretaron los pómulos, por lo que se lesionó la parte interna del labio del lado izquierdo y le propinaron cinco golpes con el puño cerrado en el estómago le preguntaban que quien había insultado a los custodios,  posterior a ello le quitaron las vendas y esposas, lo ingresaron a una celda, donde lo mantuvieron hasta las 22:00 horas.

Posteriormente tres custodios lo esposaron y vendaron de los ojos nuevamente, trasladándolo a la exclusa tres, donde aproximadamente siete custodios lo golpearon en la cara, propinándole varias cachetadas, le dieron 12 golpes con el puño cerrado en el estómago, provocándole dolor, lo patearon nueves ocasiones en las piernas y una en la espinilla derecha, que no podía caminar derivado de los golpes, al finalizar lo llevaron al dormitorio 12, ingresándolo a una estancia.

El 30 de noviembre de 2016 personal de este Organismo Autónomo hizo constar que V1, tenía inflamado el pómulo derecho, una cortadura en el lado izquierdo del labio interno y un moretón en el peroné izquierdo, lo anterior se robustece con la comparecencia de T1, T2 y T3, quienes señalaron que al momento de visitar a V1, observaron que presentaba diversas lesiones.

Derivado de lo anterior, el 8 de diciembre de 2016, T3, presentó denuncia ante la Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador adscrita a la Mesa Especializada en Homicidios y Feminicidios, de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado, donde se radicó la Carpeta de Investigación 1, en la que obra certificado de lesiones de 9 de diciembre de 2016, en el que perito médico forense, de la Dirección de Servicios Periciales, Criminalística y Medicina Forense, de la Procuraduría General de Justicia del Estado Zona Huasteca Norte, determinó que V1, presentó cicatriz antigua en región cigomática derecha, refirió contusión en región glútea derecha y cara lateral y posterior de muslo derecho sin cambio de coloración de piel y concluyó que las lesiones de V1, no ponen en riesgo la vida y tardan en sanar menos de quince días.

Lo anterior concatenado con el dictamen de mecánica de lesiones, en que el perito médico legal, del Poder Judicial del Estado, determinó que existe relación causa-efecto entre las lesiones que dijo haber sufrido V1, en lo referente a su mecanismo de producción y atribuido a elementos de seguridad y custodia del Centro Penitenciario de Ciudad Valles, pudiendo considerarse estar relacionadas con un uso excesivo e inadecuado de la fuerza durante la aplicación de medidas disciplinarias.

Cabe señalar que los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se citan en la presente Propuesta de Conciliación son de observancia obligatoria para el Estado Mexicano, de acuerdo con el artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus numerales 1 y 2, y del reconocimiento de su competencia contenciosa, de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1999.

Además de lo anterior, la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos constituye un elemento que debe observarse para hacer más amplia la protección a los derechos de las víctimas, extender el alcance de los mismos, y para formar parte de un diálogo entre Corte y organismos defensores de derechos humanos, lo cual se inscribe en la protección más amplia y extensiva de los derechos en consonancia con lo que establece el artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Tesis 239/2011, precisó que los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para México, con independencia de que haya sido o no parte del litigio; que esa fuerza vinculante se desprende del artículo 1 Constitucional el cual establece que el principio pro persona obliga a resolver atendiendo a la interpretación más favorable a la persona.

En este sentido, es importante señalar que cuando las autoridades tienen bajo su guarda y custodia a personas, adquieren la obligación de proteger la dignidad e integridad de las mismas, resguardándolas de ataques que puedan provenir de éstas, de terceros o de la propia población interna, como aconteció; sin embargo, en el caso se evidenció que no hubo intervención adecuada por parte del personal que tenía a su cargo la seguridad y custodia.

De acuerdo con la evidencia, es posible advertir omisiones referentes a la atención médica oportuna de las lesiones que presentaba V1, derivado de los golpes que le propinó personal de seguridad y custodia, lo que constituye un uso excesivo de la fuerza por lo que, desde el punto de vista institucional, desatendieron su posición de garantes de la integridad y seguridad personal de V1, y reflejaron la falta de compromiso con la cultura de la legalidad, y de la efectiva protección y defensa de los derechos humanos, incumpliendo con el deber de proteger y garantizar los derechos humanos, en los términos del artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

También dejaron de observar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 3 y 5, del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, en que se señala, que éstos deben cumplir en todo momento con los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, además de asegurar la plena protección de las personas bajo su custodia.

En el presente caso, la autoridad penitenciaria desatendió su posición de garante de la legalidad y seguridad jurídica, lo que reflejó la falta de compromiso con la cultura de la legalidad y de la efectiva protección y defensa de los derechos humanos, incumpliendo con el deber de proteger y garantizar los derechos humanos, en los términos del artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, en relación con las personas privadas de su libertad, las autoridades se encuentran en una posición de garante frente a los internos y responden directamente por las violaciones a sus derechos, en particular a la salud, integridad física y emocional, debido a que en toda privación de la libertad, el estado asume un control de sujeción especial sobre la persona que se encuentra bajo su custodia y, por ende, se convierte en un garante de todos aquellos derechos que no fueron restringidos por el acto mismo de la detención o reclusión, ya que las prisiones deben ser lugares seguros para todos los que viven y trabajan, garantía que la autoridad penitenciaria no hizo efectiva en el presente caso.

Consecuentemente, esta Comisión Estatal considera que los servidores públicos encargados de la custodia del Centro de Reinserción Social aplicaron un uso excesivo de la fuerza y no cumplieron adecuadamente con la función de proteger, la integridad y seguridad personal de V1, omitiendo llevar a cabo acciones eficaces y oportunas para garantizarlos, vulnerando con esa omisión lo dispuesto en el artículo 19, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que todo maltratamiento en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.

Cabe precisar que los derechos a la integridad y seguridad personal son dos condiciones indispensables para las personas, cuyo respeto, protección y garantía no pueden pasar desapercibidas por las autoridades penitenciarias. Con relación a los hechos ocurridos, la autoridad tenía la obligación de protegerlos, dada la posición de garante de V1, persona privada de la libertad.

La autoridad penitenciaria incumplió con lo dispuesto en los artículos 1, párrafo primero, 14, párrafo segundo, 19, 21 párrafo noveno, y 22 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4.1 y 5.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 6.1 y 7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 3 y 5, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en los cuales se reconoce el derecho de toda persona a que se respete su integridad física, psíquica, moral, se le trate con respeto a su dignidad, y que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Tampoco tomó en cuenta lo que establecen los numerales I, XX, y XXIII, de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, los cuales señalan que a las personas privadas de su Libertad se les respetará y garantizará integridad personal; que el personal que tenga bajo su responsabilidad la dirección, custodia y vigilancia de personas privadas de libertad, deberá respetar los derechos humanos; que la formación del personal debe incluir capacitación en derechos humanos, deberes en el ejercicio de sus funciones y reglas sobre el uso de la fuerza y contención física; adoptar medidas apropiadas y eficaces para prevenir todo tipo de violencia entre las personas privadas de libertad; incrementar el personal destinado a la seguridad y vigilancia interior; asegurar la capacitación continua del personal, así como establecer mecanismos de alerta temprana para prevenir crisis o emergencias.

Asimismo, los elementos de seguridad y custodia se apartaron de lo que establece el artículo 56, en sus fracciones I, III, VIII y XV, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública, donde se señala el deber de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, de proteger la integridad de las personas, respetar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos en el desempeño de su cargo, evitando realizar acciones o conductas contrarias a derecho, actuar con dedicación, disciplina, y apego al orden jurídico, así como velar por la vida e integridad de las personas detenidas en situación de reclusión.

Por lo expuesto, las conductas que desplegaron los servidores públicos pueden ser constitutivas de responsabilidad administrativa, de conformidad con el artículo 56, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, las cual establece que todo servidor público tendrá la obligación de cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la deficiencia de ese servicio o implique abuso o ejercicio indebido del cargo.

DERECHO A LA PROTECCIÓN A LA SALUD

De acuerdo con la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, el derecho a la protección de la salud es un derecho indispensable para el ejercicio de otros derechos y debe ser entendido como la posibilidad de las personas de disfrutar de facilidades, bienes, servicios, así como condiciones necesarias para alcanzar su bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Una de las finalidades de este derecho es que el Estado satisfaga eficaz y oportunamente la necesidad de quien requiere servicios para proteger, promover y restablecer la salud, lo anterior en términos de lo previsto en los artículos 1°, 4° y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén el derecho de toda persona a la protección de la misma, y el acceso a la salud como uno de los medios para lograr la reinserción social.

Cabe señalar, que la protección a la salud está considerada como un derecho humano que el Estado debe asegurar y garantizar, sin embargo, las personas privadas de la libertad, dada su condición de reclusión, no tienen la posibilidad de buscar por sí mismas la atención médica que requieren, por lo tanto, la autoridad penitenciaria, al encargarse de su custodia, asume la calidad de garante y la obligación de otorgar todos aquellos derechos que la disposición judicial no ha restringido, como en el caso lo era el derecho a los servicios de salud, a través de una valoración médica adecuada, por lo que la actividad gubernamental debe ser prioridad en el estricto respeto de los derechos humanos. Quienes se encuentran en establecimientos penitenciarios, se encuentran sujetos a un régimen jurídico particular y dicho sometimiento o especial sujeción no justifica el detrimento o menoscabo de sus derechos humanos.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia P.J. 1ª./J.50/2009, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2010, estableció que entre los elementos que comprende el derecho a la salud se encuentra el disfrute de servicios de salud de calidad, en todas sus formas y niveles, entendiéndola como exigencia de que sean apropiados médica y científicamente, y para garantizarlos, es menester que sean proporcionados con estándares altos, lo cual tiene estrecha relación con el control que el Estado haga de los mismos.

Al respecto, en la Recomendación General 15, Sobre el Derecho a la Protección de la Salud, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estableció que ese derecho debe entenderse como la prerrogativa de exigir al Estado un sistema capaz de proteger y velar por el restablecimiento de la salud, y que el desempeño de los servidores públicos de las instituciones es fundamental, ya que de sus acciones u omisiones dependerá la eficacia con que éste se garantice, que la efectividad del derecho demanda la observancia de elementos esenciales que garanticen servicios médicos en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.

De igual forma en la Recomendación General 18, Sobre la situación de los Derechos Humanos de los Internos en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana y el Pronunciamiento sobre el Derecho a la Protección de la Salud de las Personas Internas en Centros Penitenciarios de la República Mexicana, ambos emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señalan que el Estado Mexicano está obligado a salvaguardar la salud de la población interna, derivado de la especial sujeción en la que se encuentra la persona respecto a la autoridad, ya que no tiene la posibilidad para buscar y allegarse de medios para el cuidado de su salud. 

Ahora bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el principio X, de la Resolución 1/08, “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, dispone que las personas privadas de la libertad tienen derecho a la salud, que incluye, entre otros, atención médica; además de las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares, y que el Estado deberá garantizar que los servicios de salud proporcionados en los centros de reclusión funcionen en estrecha coordinación con el sistema de salud pública. 

Por lo anterior, de la evidencia a la que se allegó esta Comisión Estatal, se evidenció que el 27 de noviembre de 2016, V1, fue certificado por personal del área médica del Centro Penitenciario de Ciudad Valles y asentó que no presentó lesiones, sin embargo, en el certificado de lesiones de 9 de diciembre de 2016, suscrito por perito médico forense, de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado Zona Huasteca Norte, asentó que V1, presentó cicatriz antigua en región cigomática derecha y refirió contusión en región glútea derecha y cara lateral y posterior de muslo derecho sin cambio de coloración en piel y concluyó que las mismas no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días, lo anterior, concatenado con el dictamen de mecánica de lesiones, de 25 de octubre, suscrito por perito médico legal, del Poder Judicial del Estado, en el que concluyó que existe relación causa-efecto entre las lesiones que dijo haber sufrido V1. 

En este orden de ideas, quedo evidenciado un trabajo deficiente e impreciso por parte del médico adscrito al Centro Penitenciario de Ciudad Valles, lo que permite observar una falta de ética profesional de su parte, por lo que resulta oportuna una investigación al respecto, a efecto de que se deslinden las responsabilidades correspondientes en las omisiones en que pudiere haber incurrido en su carácter de servidor público.

Con su proceder, el médico del Centro Penitenciario, se apartó de los Principios de Ética Médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente médicos, en la protección de las personas detenidas y privadas de su libertad en contra de la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en cuyo numeral 2 señala la violación a la ética médica con arreglo a los instrumentos internacionales aplicables, la participación activa o pasiva del personal de salud, en actos de tortura y otro tratos crueles, inhumanos o degradantes, tal como aconteció en el presente asunto, dada la nula, insuficiente e imprecisa certificación médica de las lesiones sufridas por V1.

Cabe precisar que en el presente caso V1, presentó lesiones que, de acuerdo con la certificación practicada por personal de la Subprocuraduría Regional de Justicia del Estado Zona Huasteca Norte, son contemporáneas al día de los hechos, por lo que es importante que se lleve a cabo una investigación a efecto de esclarecer los hechos y sancionar las conductas irregulares o ilícitos que se hayan cometido, ya que en los hechos no se advierte que existiere algún razón para explicar el uso de la fuerza.

En este orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Vélez Loor Vs. Panamá, sentencia de 23 de noviembre de 2010, señaló que el Estado tiene el deber de proporcionar a las personas detenidas revisión médica regular, atención y tratamiento adecuados cuando así se requiera; y el numeral 24 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión determina que se ofrecerá a los individuos detenidos o recluidos un examen médico apropiado con la menor dilación posible en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario, los cuales serán gratuitos; y que la falta de atención médica adecuada podría considerarse, en sí misma, violatoria del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que en el caso no aconteció ya que el personal médico no asentó en el certificado médico las lesiones que presentaba V1, en consecuencia la atención no fue brindada de manera adecuada.

Asimismo, se dejó de observar lo previsto en los numerales 6.1, y 24.1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4.1, 11.1 y 19, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; I, VII y XI, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 3, 25.1 y 25.2, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 12.1 y 12.2, incisos a) y d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 10.1, 10.2, incisos a), b), y f) del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que señalan la necesidad de asegurar la plena efectividad y alcance del más alto nivel de salud para todos los individuos, como también el margen mínimo de calidad en los servicios médicos que el Estado debe proporcionar a su población, en cuanto al disfrute de un servicio médico y, de adoptar las medidas necesarias para su plena efectividad

También se inobservó lo dispuesto en los artículos 24, 25, 26 y 27 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; 24, del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; X, de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas; 6, del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y la Observación General Número 14, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, los cuales señalan que las personas privadas de su libertad tienen derecho a la salud, que incluye la atención médica adecuada, que el servicio médico de las cárceles debe estar provisto del material, del instrumental y medicamentos necesarios para proporcionar a los reclusos los cuidados y tratamiento adecuado.

De igual forma se vulneraron los derechos a la protección de la salud en agravio de V1, en el Centro Penitenciario de Ciudad Valles, que se contempla en los artículos 4, párrafo cuarto y 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracciones I, II y V; 3, fracciones II y IV; 23, 27, fracciones III, IV y X; 32, 33, 51, 61, fracciones I y II; 61 Bis y 63 de la Ley General de Salud, 5 inciso A fracciones I y II, 289 de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, 56, 58, 59, 60, 62, 64 y 65 Capítulo Tercero del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de Atención Médica, 5, 20 fracción X, 87, y 88 del Reglamento Interior de los Centros Estatales de Reclusión, que garantizan, en términos de igualdad el acceso efectivo a los servicios de salud, y que la base del sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos así como a la salud.

OBLIGACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN Y DATOS, SOLICITADOS POR LOS ÓRGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS DE DERECHOS HUMANOS

Para esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, es importante señalar que de la evidencia que se obtuvo, se acreditó que la autoridad penitenciaria, mediante oficio SSP/DGPRS/UP-85/2017, de 3 de enero de 2017, suscrito por el Director de Prevención y Reinserción Social, proporcionó parte informativo y acta de comité técnico, de 27 y 29 de noviembre de 2017, respectivamente, sin embargo los nombres del personal de seguridad y custodia que participó en los hechos materia de la presente propuesta, se encontraban testados, no obstante que es de suma importancia, contar con la información referida, ya que el no proporcionar esta información, se traduce en un acto de que inhibe las investigaciones a cargo de esta Comisión Estatal y obstaculiza las tareas que tiene encomendadas en la protección y defensa de los derechos humanos, con lo cual se omitió lo dispuesto en el artículo 56, fracción XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, del deber de todo servidor público de proporcionar en forma veraz y oportuna la información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le compete la vigilancia y defensa de los derechos humanos, para que pueda cumplir con las facultades y obligaciones que le correspondan.

Al respecto, La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados se encuentran en la obligación de suministrar la información solicitada, que en caso que no proceda deberá dar una respuesta fundamentada, de esta manera, analizando dicha decisión se podrá determinar si tal restricción es compatible con las restricciones permitidas por la Convención Americana, esto es, aquellas que sean legales, necesarias, proporcionales, con el fin de lograr un objetivo legítimo y que respondan a un interés general en el marco de una sociedad democrática. En los casos en que no se obtiene respuesta del Estado la Corte entiende que además de la violación al artículo 13 de la Convención, tal actitud supone una decisión arbitraria.

En este sentido, la Corte subraya el hecho de que frente a dicha petición no se brindó una respuesta o razón fundamentada para no facilitar tal documentación. Además, la Corte ya ha establecido en ocasiones anteriores que no dar respuesta posibilita la actuación discrecional y arbitraria del Estado de facilitar o no determinada información, generando con ello inseguridad jurídica respecto al ejercicio del derecho bajo análisis.

Resulta importante señalar que los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se respetan cuando las autoridades encausan su actividad a lo que señalan las leyes, de tal manera que su acto no sea caprichoso o arbitrario, y la seguridad jurídica es la certeza que tiene toda persona de que sus derechos se contemplan en la legislación y son respetados por las autoridades, lo que en el caso no ocurrió.

En el presente caso, la autoridad penitenciaria desatendió su posición de garante de la legalidad y seguridad jurídica, lo que reflejó la falta de compromiso con la cultura de la legalidad y de la efectiva protección y defensa de los derechos humanos, incumpliendo con el deber de proteger y garantizar los derechos humanos, en los términos del artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, las conductas que desplegaron los servidores públicos pueden ser constitutivas de responsabilidad administrativa, de conformidad con el artículo 56, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, las cual establece que todo servidor público tendrá la obligación de cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la deficiencia de ese servicio o implique abuso o ejercicio indebido del cargo. 

Por lo antes expuesto y fundado, a Usted Secretario de Seguridad Pública del Estado, respetuosamente le formuló la siguiente:

IV.  PROPUESTA DE CONCILIACIÓN

PRIMERA.Como medida de no repetición, gire instrucciones al personal de seguridad y custodia, del CERESO de Ciudad Valles, a efecto de que conozcan la presente propuesta de conciliación y se les exhorte a que se garantice al momento de ejercer control y disciplina, los principios del uso racional de la fuerza.Envíe a esta Comisión Estatal las constancias de cumplimiento.

SEGUNDA.Gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que, de vista a la Unidad de Asuntos Internos, a efecto de que inicie, integre y concluya, la investigación derivada de la presente propuesta. Remita a este Organismo Autónomo las constancias de cumplimiento.

TERCERA. Gire instrucciones a quien corresponda para que, de vista al Órgano Interno de Control competente, a efecto de que se inicie una investigación a la Institución correspondiente en contra de los Servidores Públicos señalados en la presente, que incumplieron lo dispuesto en el artículo 56 fracciones I y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, es decir, por la omisión de proporcionar información así como por la omisión en la certificación de las lesiones que presentaba V1. Envíe a esta Comisión Estatal las constancias de cumplimiento. 

CUARTA. Gire instrucciones a todos los Directores de los Centros Estatales de Reinserción Social del Estado de San Luis Potosí y estos a su vez a su personal, para que contemplen la obligación de facilitar y coadyuvar con las tareas que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos y para que se proporcione toda la información que se requiere en las investigaciones de violaciones a derechos humanos, evitando obstaculizar su labor. Remita a este Organismo Autónomo las constancias de cumplimiento.

QUINTA. Colabore ampliamente en la integración de la Carpeta de Investigación 1, que se inició en la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Huasteca Norte, con motivos de los hechos vertidos en la presente y se proporcione la información o datos que se soliciten y se tenga al alcance. Remita a esta Comisión Estatal las constancias de cumplimiento.

SEXTA. Gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que se imparta en los Centros Penitenciarios del Estado de San Luis Potosí, un Programa de Capacitación en materia de Derechos Humanos y prevención de tratos inhumanos o degradantes y uso proporcional de la fuerza en los centros penitenciarios. Envíe a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento.Remita a este Organismo Autónomo las constancias de cumplimiento.

Le comunico que el artículo 100 del Reglamento de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, otorga a la autoridad a la que se envía la Propuesta de Conciliación un plazo de 10  días hábiles para responder por escrito la aceptación de la Propuesta a partir del día siguiente de su notificación, y de un máximo de 60  días naturales para enviar las pruebas del cumplimiento, estos últimos se contarán a partir de la aceptación de la misma; en caso de no contestarse la Propuesta en ningún sentido se entenderá como no aceptada y se procederá a elaborar la Recomendación correspondiente. 

Los datos personales proporcionados, se transfieren en y para el ejercicio de las funciones, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3 fracciones IX, X, 4, 22 fracciones I, II, III, 65, 66 fracción I, 67, 69, 70 fracciones I, II y IV, 71 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; artículos 22 y 125, fracción III, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí; así mismo, le comunico que el aviso de privacidad que se dio a conocer al quejoso, puede ser verificado en la página oficial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el siguiente link  http://192.168.1.12/portal/normatividad/Avisodeprivacidadgeneral.pdf. 

ATENTAMENTE

LIC. SUSANA ZAVALA FLORES
TERCERA VISITADOR GENERAL

C.C.P. CMDTE. ARTURO ALEJANDRO BARRERA GENCHI, DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL.