PROPUESTA DE CONCILIACIÓN N°0030/18
                                                        SOBRE EL CASO DE VIOLACION AL DERECHO A LA
                                                        PROTECCION DE LA SALUD EN AGRAVIO DE V1

    En Ciudad Valles, S.L.P., 21 de noviembre de 2018

Dra. Mónica Liliana Rangel Martínez
Directora General de los Servicios 
de Salud de San Luis Potosí
P r e s e n t e.-

Distinguida Directora:

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 1º. párrafos primero, segundo y tercero y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y en los artículos 3, 4, 7 fracción I, 26 fracción VII, 33 fracciones IV y XI, 137 y 140 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ha examinado las evidencias contenidas en el expediente de queja 2VQU-0410/2016 sobre el caso de violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de V1.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 fracción I, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y 3, fracciones XVIII, XXXV y XXXVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, y con el propósito de proteger los nombres y datos de las personas involucradas en la presente Propuesta de Conciliación, se omitirá su publicidad. Esta información solamente se hará de su conocimiento a través de un listado anexo que describe el significado de las claves utilizadas, con el compromiso de que dicten las medidas de protección correspondientes, y visto los siguientes:

I.	HECHOS

Este Organismo Estatal inició la investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de V1, atribuibles a personal médico del Hospital General de Ciudad Valles, San Luis Potosí, con motivo de la atención médica que recibió por la fractura luxación de tobillo.

V1, manifestó que el 7 de marzo de 2016, sufrió un accidente cuando iba saliendo de una tienda en el municipio de Xilitla, San Luis Potosí, que acudió al Hospital Básico Comunitario de esa localidad donde se le diagnosticó fractura y se le informó que en esa unidad médica no se contaba con especialistas por lo que fue referida al Hospital General de Ciudad Valles.

El 8 de marzo de 2016, V1 ingresó al Hospital General siendo atendida por especialistas en ortopedia ya que requería de cirugía.  El 17 de marzo de ese año fue revisada por personal médico quien le dijo que tenía dislocado el tobillo que se lo iba a enderezar sin anestesia, que sí alcanzaba el tiempo ese día o al siguiente sería operada porque había más cirugías programadas.

A las 18:00 horas del 17 de marzo de 2016, V1 fue intervenida colocándole siete tornillos en un lateral y la placa y dos tornillos del otro lado del tobillo, y el 19 de ese mes y año fue dada de alta. Que en el mes de abril acudió nuevamente al Hospital General de Ciudad Valles, y personal médico le quitó un tornillo que atravesaba la tibia y peroné, que quince días después acudió al Hospital Básico Comunitario de Xilitla en donde se le retiró el yeso y férula y los puntos quirúrgicos. El 24 de junio de 2016, acudió con médico fisiatra particular para valoración y rehabilitación para acudir a la Unidad Básica de Rehabilitación de Xilitla, la cual suspendió porque continuaba con inflamación en la piel. 

El 9 de septiembre de 2016, fue intervenida por segunda ocasión en el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, para retiro de tornillos y placa, porque tenía una fibrosis, le rasparon el hueso por la infección, que el 14 de septiembre de ese año se le reventaron los puntos quirúrgicos por lo que requirió de curaciones, las cuales realizó en un Centro de Salud de la Ciudad de León, Guanajuato.

Para la investigación de la queja, este Organismo Estatal radicó el expediente 2VQU-410/2016, dentro del cual se recopilaron datos y documentos relacionados con los hechos, se solicitó información a la autoridad señalada como responsable, cuya valoración es objeto de análisis, en el capítulo de Consideraciones de la presente Propuesta de Conciliación. 

II.EVIDENCIAS

1. Queja que presentó V1, de 10 de noviembre de 2016, en la que denunció presuntas violaciones a sus derechos humanos atribuibles a personal médico del Hospital General de Ciudad Valles y Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, por la ineficaz prestación médica con motivo de la fractura que presentó en pie izquierdo, tibia y peroné. 

2. Oficio 1766 de 9 de enero de 2017, suscrito por el Director del Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, mediante el cual rindió informe de los hechos de la queja presentada por V1, en el que precisó:

2.1 Que, a las doce horas del 8 de septiembre de 2016, V1 acudió al área de urgencias del Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez al presentar dolor en tobillo izquierdo, siendo atendida por médico general y del servicio de ortopedia fue diagnosticada con síndrome doloroso regional complejo, artrofibrosis de tobillo izquierdo, por tal motivo se indicó internamiento para intervención quirúrgica.

2.2 El 9 de septiembre de 2016, V1 fue valorada por médico ortopedista quien coincidió con diagnóstico, en la intervención quirúrgica se realizó el retiro de seis tornillos (pernos) y placa así mismo se tomó cultivo de tejido sin encontrar evidencia clínica de infección, y durante el procedimiento no existió ningún tipo de complicación.

3. Copia del expediente clínico que se integró en el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, respecto de la atención médica que recibió V1, de cuyas constancias destaca lo siguiente:

3.1 Historia clínica de V1, en la que se asentó que acudió por presentar dolor punzante en tobillo izquierdo, así como edema e incapacidad para el apoyo y la deambulación en pierna izquierda. Refirió que, en marzo de 2016, sufrió una caída y presentó fractura de tobillo izquierdo.

3.2 Hoja de hospitalización 8 de septiembre de 2016, en la que personal médico asentó que V1 acudió a la unidad con síndrome doloroso regional completo de tobillo izquierdo.

3.3 Nota médica de urgencias de 8 de septiembre de 2016, en la que personal médico asentó que V1 presentó síndrome doloroso regional complejo, artrofibrosis de tobillo izquierdo.

3.4 Valoración médica de servicio de ortopedia urgencias, en la que se asentó que V1 de 45 años de edad, en marzo de 2016 sufrió movimiento forzado de tobillo izquierdo al caer, lo que le ocasionó fractura del tobillo izquierdo operada en otro Hospital en Ciudad Valles, que desde entonces cursa con dolor e hinchazón de tobillo y pie que no la deja caminar, tratada con 4 sesiones de fisioterapia, pero suspendió por no tolerar el dolor punzante y piquetes en tobillo. A la revisión el tobillo izquierdo no logra dorsiflexión con rezago pasa la flexión de 20 grados, no llega a neutro, con edema en pantorrilla, tobillo y pie, por lo que se planeó cirugía para retirar los tornillos, posteriormente terapia básica y neuromoduladores, antibiótico. 

3.5 Resumen de egreso de contrareferencia de 12 de septiembre de 2016, en la que personal médico señaló que V1 no presentó ninguna complicación en manejo quirúrgico, quedando pendiente retiro de puntos en 15 días.

4. Informe de 20 de enero de 2017, suscrito por el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número V, de Servicios de Salud de San Luis Potosí, a través del cual informó que en relación a los hechos de la queja presentada por V1, en el que precisó:

4.1 Que el 8 de marzo de 2016, aproximadamente a las 15:40 horas V1 ingresó al área de urgencias del Hospital General de Ciudad Valles, quien fue atendida por el médico en turno, manifestando la paciente que sufrió caída sobre sí misma en forma accidental desde 24 horas, a la exploración física se encontró a paciente con contusión de tobillo izquierdo, e inflamación local, con deformidad de la región y crepitación ósea ahora con limitación parcial para la función, sin afección cardiopulmonar, abdomen sin irritación peritoneal, por lo que se prescribió el tratamiento y se solicitó interconsulta a traumatología y ortopedia.

4.2 El 17 de marzo de 2016, personal médico decidió intervenir quirúrgicamente a V1, en razón de los estudios y valoraciones realizadas, para programar operación de reducción cerrada de luxación de tobillo izquierdo más reducción abierta con fijación interna estando a cargo de médico cirujano, que después de la intervención V1 se encontró estable y sin complicaciones postquirúrgicas por lo que el 19 de marzo de 2016 se decidió su egresó hospitalario.

4.3 Que, en seguimiento al tratamiento de rehabilitación, se cita a V1, el 2 de mayo de 2016, y se le refieren los cuidados que tiene que tener, así como de la programación de próxima cita y el 7 de junio de ese año se le retiró tornillo situacional previa colocación de anestesia local, se le dan indicaciones de ejercicios activos y calor local tres veces por día, estableciendo cita para traumatología y ortopedia el 15 de agosto de 2016.

5. Copia del expediente clínico que se integró en el Hospital General de Ciudad Valles, San Luis Potosí, respecto de la atención médica que recibió V1, de cuyas constancias destaca lo siguiente:

5.1 Historia clínica de V1, en la que personal médico asentó que de acuerdo a los exámenes de laboratorio y de gabinete presentó fractura bimaleolar de tobillo izquierdo.

5.2 Nota de evolución de 8 de marzo de 2016, en la que se hace constar que V1 sufrió caída sobre si misma produciéndose contusión tobillo izquierdo con dolor, edema e inflamación local, con deformidad en la región y crepitación ósea, ahora con limitación parcial para la función, sin afección cardiopulmonar, diagnóstico de bimaleolar izquierdo.

5.3 Nota médica de 9, 10 y 11 de marzo de 2016, en la que personal médico hace constar que V1 permaneció con vigencia de ingreso a piso de cirugía.

5.4 Nota médica de 14 de marzo de 2016, en la que personal médico asentó que V1 se reportó delicada, con pronóstico reservado a evolución, con diagnóstico de fractura de tobillo izquierdo (bimaleolar), continuándose pendiente de su evolución clínica, acorde a las guías de práctica clínica, ingreso vigente a piso de cirugía a cargo de ortopedia.

5.5 Notas médicas de 14, 15 y 16 de marzo de 2016, que suscribió personal médico en el que se señaló que se espera de material para su ingreso a piso.

5.6 Nota preoperatoria de 17 de marzo de 2016, en la que personal médico señaló que V1 presentó fractura trimaleolar izquierda. 

5.7. Nota postoperatoria de 17 de marzo de 2016, en la que personal médico hace constar que previa asepsia y anestesia del miembro inferior de V1, se colocó isquema, campos estériles abordaje lateral tobillo, se diseca por planos y se observó fractura por lo que se reduce y colocó tornillo interfragmentario, tornillo y placa 7 orificios, lesión ligamentaría múltiple, abordaje y colocó 2 tornillos.

5.8 Nota médica de 7 de junio de 2016, realizada por médico especialista de ortopedia (sin nombre de médico) en la que asentó que V1 acudió a control, en el que se realizó previo procedimiento de anestesia, retiro de tornillo situacional y se sutura, se recomienda ejercicios activos tres veces al día.

6. Oficio de 22 de febrero de 2017, signado por la apoderada legal para pleitos y cobranzas de Servicios de Salud, quien con relación a los hechos de la queja informó:

6.1 Que a las 16:35 horas del 7 de marzo de 2016, V1 ingresó al área de urgencias del Hospital Básico Comunitario de Xilitla, quien fue atendida de manera inmediata en el área de urgencias, quien manifestó que sufrió caída de su propia altura al resbalarse con un cartón, a la valoración física se observó tumefacción (inflamación) a nivel de tobillo izquierdo con crepitación de tibia y peroné, parte distal y dolor de gran intensidad a la movilidad, por lo que se diagnosticó fractura cerrada de tibia y peroné porción distal, por lo que permaneció en el área de urgencias bajo observación y control de dolor para ser referida al Hospital General de Ciudad Valles, a fin de que se le practicaran diversos estudios clínicos, ya que el hospital comunitario es de atención primaria.

7. Acta circunstanciada de 27 de febrero de 2017, en la que personal de este Organismo hizo constar la comparecencia de Q1, esposo de V1, quien manifestó que el 9 de marzo de 2016, personal médico del Hospital General de Ciudad Valles, le informó que tuviera paciencia que buscaban un espacio para operar a V1, que el 16 de marzo, personal Directivo del Hospital le ofreció trasladarla a Rioverde donde pudiera ser operada, a lo que decidió esperar su operación en donde ya estaba internada, la cual se realizó el 17 de marzo de 2016, que al ser dada de alta fue citada para que acudiera a retiro de puntos de herida quirúrgica, por lo que acudió al Hospital Básico Comunitario.

7.1 Que, a principios de junio de 2016, V1 recibió una llamada telefónica de personal de la Jurisdicción Sanitaria número VI, con sede en Tamazunchale, con respecto de las notas periodísticas que fueron publicadas por la mala atención médica que recibió, y se le ofreció derivarla al Hospital General de Soledad para que recibiera la atención médica necesaria para mejorar la salud.

7.2 Que en el Hospital General de Soledad se intervino a V1, para retiro de clavos y placas, que desde las dos operaciones de su esposa ha perdido la movilidad en el tobillo, no es capaz de caminar sin muletas y la herida que tiene en el pie quedó abierta, por lo que continuaba recibiendo limpieza constante en la zona.

8. Oficio 2VSC-037/17, de 8 de marzo de 2017, por el cual se solicitó al Presidente del Colegio de la Profesión Médica del Estado de San Luis Potosí, una opinión médica relativa a la atención médica que recibió V1.

9. Opinión Médica de 11 de octubre de 2017, que realizó un Perito Especialista del Colegio de la Profesión Médica del Estado de San Luis Potosí, donde concluyó que, si existió omisión de manejo al no retirar tornillos en la articulación en su primera consulta postoperatoria, lo que si generó dolor, rigidez y atrofia del sitio fracturado. Que la infección postquirúrgica, después del retiro del material es una complicación propia cuando se usan materiales de osteosíntesis, placas, tornillo, y requiere manejo con aseos quirúrgicos y antibióticos, beneficio no recibido ya que no acudió a urgencias del hospital.

9.1 En la opinión médica se asentó que V1 cursó una fractura de tobillo, la luxación (Dislocación completa que se produce cuando un hueso se sale de su articulación) debe reducirse en cuanto llega a urgencias para posteriormente operarse en forma definitiva con osteosintesis con placa y tornillos. Este procedimiento fue reducido y operado diez días después. En el manejo preoperatorio no contó con manejo por medicina interna ni valoración prequirúrgica. En el Transoperatorio no se comenta control de rayos X, cuando se encuentra tornillo intrarticular este debe ser retirado y cambiado en el momento, y puede dejarse, si así lo decide el cirujano y en la consulta externa a la sexta semana previo control Radiológico, debió ser retirado por traumatólogo que lo revisa y ponerlo a movilizar y rehabilitar a paciente. 

9.2 Que se le dejó tornillo articular y generó rigidez y fibrosis, por lo que ameritó retiro de implante de placa y tornillos, donde se detecta tornillos intraarticulares en maléolo lateral y datos de infección. Que V1 curso una infección postoperatoria al retiro del implante con dehiscencia de herida y evolución tórpida, ya no regresó al servicio de urgencias y acude con médico privado indicándole aseo de herida y antibióticos.

10. Acta circunstanciada de 29 de noviembre de 2017, en la que se hizo constar entrevista con V1, quien manifestó que, en los meses de febrero, marzo, abril y junio de 2017, estuvo acudiendo tres veces a la semana a rehabilitación en una clínica del IMSS en el municipio de León, Guanajuato, pero que ya no pudo acudir en razón de que su hijo dejó de trabajar y estaba afiliada por parte de su hijo. Por lo que desde esa fecha realiza los ejercicios de rehabilitación desde su casa. Que las consecuencias de su padecimiento es que no puede doblar el pie, subir escaleras, correr, flexionar el pie izquierdo hacía arriba y abajo por que le duele.

11. Oficio 2VOF-501/2017, de 29 de noviembre de 2017, por el cual este Organismo Estatal de Derechos Humanos dio visto de la queja formulada por V1 a la Contralora Interna de Servicios de Salud.

III.	CONSIDERACIONES

Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja 2VQU-410/2016, se encontraron elementos suficientes que permitieron acreditar violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud en agravio de V1 atribuibles a personal médico del Hospital General de Ciudad Valles, San Luis Potosí, derivado de la atención médica en atención a las siguientes consideraciones:

De los elementos de convicción que se recabaron en la investigación del presente asunto, se observó que el 7 de marzo de 2016, V1 acudió al Hospital Básico Comunitario de Xilitla por presentar caída de su propia altura ocasionándose inflamación a nivel de tobillo izquierdo diagnosticándole fractura cerrada de tibia y peroné siendo referida al Hospital General de Ciudad Valles, donde se cuenta con especialistas.

El 8 de marzo de 2016, V1 ingresó al área de urgencias del Hospital General de Ciudad Valles, donde se le diagnosticó fractura bimaleolar de tobillo izquierdo, siendo requerida de intervención quirúrgica la cual fue realizada el 17 de marzo, es decir 9 días después de su ingreso a ese hospital, para colocación de tornillo interfragmentario, tornillo y placa de 7 orificios, por lo que fue dada de alta el 19 de marzo de 2016.

En este orden de ideas, se destaca que del padecimiento de V1, después de ser intervenida, de acuerdo con el Informe rendido por el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria V, de Servicios de Salud de San Luis Potosí, después de la intervención quirúrgica, el 2 de mayo de 2016, V1 acudió a consulta externa en el Hospital General y el 7 de junio de ese mismo año se le retiró tornillo situacional previa colocación de anestesia local, dándole indicaciones de ejercicio tres veces al día, estableciéndose cita con especialista en traumatología y ortopedia el 15 de agosto de 2016.

El 7 de junio de 2016, realizada por médico especialista de ortopedia (sin nombre de médico) en la que asentó que V1 acudió a control, en el que se realizó previo procedimiento de anestesia, retiro de tornillo situacional y se sutura, se recomendó ejercicios activos tres veces al día. Al respecto, V1 manifestó que el 24 de junio de 2016, acudió con médico fisiatra particular para valoración y rehabilitación para acudir a la Unidad Básica de Rehabilitación de Xilitla, la cual suspendió porque continuaba con inflamación.

Por su parte Q1, esposo de V1, señaló que, en el mes de junio de ese año, personal de la Jurisdicción Sanitaria VI, ofreció a la víctima que fuera atendida en el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, a efecto de que fuera revisada para que las condiciones de salud mejoraran en razón de que no se había restablecido su salud, y se encontraba radicando en la ciudad de León, Guanajuato.

De las constancias que obran en el expediente clínico que se integró en el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, se destaca que V1 acudió el 8 de septiembre de 2016, es decir, cerca de seis meses después de su primera intervención quirúrgica se le diagnosticó síndrome doloroso regional complejo, artrofibrosis de tobillo izquierdo por lo que fue intervenida el 9 de septiembre de 2016 para el retiro de seis tornillos y placa, no existiendo en ese momento ninguna complicación, aunque posteriormente V1 señaló que requirió tratamiento de antibiótico y curaciones para atender la infección que presentó.

En la opinión médica que sobre el caso emitió un médico especialista del Colegio de la Profesión Médica del Estado de San Luis Potosí, se concluyó que existió omisión de manejo al no retirar tornillos en la articulación en su primera consulta postoperatoria, lo que si generó dolor, rigidez y atrofia del sitio fracturado. 

Que la infección postquirúrgica, después del retiro del material es una complicación propia cuando se usan materiales de osteosíntesis, placas, tornillo, y requiere manejo con aseos quirúrgicos y antibióticos, beneficio no recibido ya que no acudió a urgencias del hospital.

La opinión médica describe en el análisis del caso que el manejo preoperatorio no contó con manejo por medicina interna ni valoración prequirúrgica. En el Transoperatorio no se comenta control de rayos X, cuando se encuentra tornillo intrarticular este debe ser retirado y cambiado en el momento, y puede dejarse, si así lo decide el cirujano y en la consulta externa a la sexta semana previo control Radiológico, debió ser retirado por traumatólogo que lo revisa y ponerlo a movilizar y rehabilitar a paciente.

En este contexto, es importante señalar que una de las finalidades del derecho a la protección de la salud, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que el Estado garantice de manera eficaz y oportuna las necesidades de los usuarios que acuden a los centros de salud y hospitales públicos, protegiendo, promoviendo y restaurando la salud de los pacientes, para lo cual resulta indispensable que de conformidad con el artículo 1, párrafo tercero, de nuestra Carta Suprema, las autoridades garanticen el derecho humano a la salud con base a los principios de progresividad el cual constituye el compromiso de los Estados para adoptar providencias, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas sociales. 

De esta manera, el Estado debe tener un sistema capaz de proteger y velar por el derecho de acceso a servicios de salud en condiciones de igualdad, ya que la efectividad del derecho a la protección de la salud demanda la observancia de elementos esenciales que garanticen servicios médicos en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Al respecto, la disponibilidad en los servicios de salud Implica garantizar la suficiencia de los servicios, instalaciones, mecanismos, procedimientos, o cualquier otro medio por el cual se materializa un derecho. 

Al respecto, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, artículo 8.1, detalla que los Estados deben tomar medidas para la realización del derecho al desarrollo y garantizar la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, y en particular, los servicios de salud.

La Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce a la salud como un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos, de ahí que todo ser humano tenga derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente.

Además, señalar que como estándares la Disponibilidad, que consiste en crear la infraestructura de salud necesaria y se cuenten con medicamentos; Accesibilidad, que la infraestructura y los servicios de salud sean accesibles a todas las personas, accesibilidad física, económica y a la información; aceptabilidad, que la infraestructura de salud esté de acuerdo con la cultura y las prácticas de las comunidades, y la calidad, que la infraestructura de salud sea científica y médicamente apropiada.

Por tanto, debe ser motivo de investigación administrativa para deslindar las responsabilidades administrativas en las que pudieron haberse incurrido personal médico de acuerdo a las conclusiones de la opinión médica que elaboró perito Dictaminador Especialista del Colegio de la Profesión Médica en el Estado, así como de las observaciones vertidas en la presente Propuesta de Conciliación. 

Es importante precisar que para este Organismo V1, tiene calidad de víctima de acuerdo a la Ley General de Víctimas y a la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, en relación a las vulneraciones a sus derechos humanos, quien a la fecha del presente pronunciamiento no manifestó ninguna acción de desistimiento de la queja presentada en su agravio, por lo que es considerada como víctima.
 
En el caso, se dejaron de observar el contenido de los artículos 4, párrafos cuarto y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracciones I, II y V; 3, fracciones II y IV; 23, 27, fracciones III, IV y X; 32, 33, 51, 61, fracciones I y II; 61 Bis y 63 de la Ley General de Salud.

También se incumplió lo que señalan los artículos 4.1 y 19 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12.1 y 12.2, incisos a) y d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 3, 25.1 y 25.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; I, VII y XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 10.1, 10.2, incisos a) y d), y 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y articulo 12 y 14 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que, en síntesis, establecen la obligación del Estado de asegurar la plena efectividad y alcance del más alto nivel de salud.

Por lo que respecta al pago de la reparación del daño, el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero, y 113, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 7, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, señalan la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público estatal, que incluya las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación del daño. 

En el mismo sentido, pero en términos de los artículos 1, 2, fracción I, 7, fracciones II, VI, VII; 8, 26, 27, 64, fracciones II y VII; 96, 106, 110; 111, 126, fracción VIII; 130, 131 y 152 de la Ley General de Víctimas, así como de los artículos 62, 64 fracción II, y 102 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, al acreditarse violaciones a los derechos humanos en agravio de V1 se deberá inscribir en el Registro Estatal a cargo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 

En concordancia con ello y con el propósito de evitar que hechos como los analizados en el presente caso se repitan, es necesario que las autoridades impulsen la capacitación a sus servidores públicos orientada hacia el correcto ejercicio del servicio y el respeto de los derechos humanos, en materia de protección a la salud. 

En consecuencia, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos se permite formular respetuosamente a Usted Directora General de los Servicios de Salud, las siguientes:

IV.	PROPUESTA DE CONCILIACIÓN

PRIMERA. Para garantizar a V1 el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien corresponda para que colabore con este Organismo en la inscripción del mismo, en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, para que en los términos en que resulte procedente de acuerdo al mismo ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos humanos precisados en la presente se le otorgue atención psicológica especializada y en su caso, previo agote de los procedimientos que establece la Ley de Atención a Víctimas tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas aquellas medidas que le beneficie en su condición de víctima. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento.

SEGUNDA. Gire instrucciones para que de presentarse casos como el de V1, en el Hospital General de Ciudad Valles, se cuente con manejo preoperatorio por medicina interna y valoración prequirúrgica. Que en el periodo Transoperatorio se cuente con control de Rayos X, cuando se encuentra tornillo intrarticular se decida de manera oportuna si es retirado o es cambiado para que sea retirado a la sexta semana previo control radiológico para continuar con rehabilitación de paciente, esto de acuerdo al análisis de la Opinión Médica que sobre el caso se emitió para atender las recomendaciones de atención en este tipo de casos, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.

TERCERA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna de Servicios de Salud a su digno cargo, investigue de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, objetiva, técnica y profesional, debiéndose desahogar sin demora, las diligencias efectivas para el debido procedimiento y pronta resolución del Procedimiento Administrativo que se inició con motivo de la vista realizada por este Organismo con motivo de los hechos que originaron el presente pronunciamiento, para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudo incurrir servidores públicos involucrados. Debiéndose aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance.

CUARTA. Gire sus instrucciones para que se imparta a personal médico del Hospital General de Ciudad Valles una capacitación en materia de Derechos Humanos y sus implicaciones en la protección a la salud, y envíe las constancias de cumplimiento. 

Le comunico que el artículo 102 del Reglamento de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, otorga a la autoridad a la que se envía la Propuesta de Conciliación un plazo de 10 días hábiles para responder por escrito la aceptación de la Propuesta a partir del día siguiente de su notificación, y de un máximo de 60 días naturales para enviar las pruebas del cumplimiento, estos últimos se contarán a partir de la aceptación de la misma; en caso de no contestarse la Propuesta en ningún sentido se entenderá como no aceptada y se procederá a elaborar la Recomendación correspondiente. 

ATENTAMENTE

LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA
SEGUNDA VISITADORA